Desde hace dos semanas, el nombre de Leire Díez protagoniza decenas de titulares diarios. La ya exmilitante del PSOE acudía a Ferraz el pasado martes para reunirse con el jefe de los servicios jurídicos del PSOE. Allí presentaba su baja voluntaria y, además, entregaba un pendrive con cientos de informaciones que habría recopilado a lo largo de los años con el fin de, supuestamente, escribir su libro sobre las "cloacas" del Estado. En las horas inmediatas, se conocía el primer documento que se recoge en el dispositivo: el Informe Colombo, un documento de 261 páginas.
De ello informaba el periodista Mateo Balín en Malas lenguas, el programa de Jesús Cintora en La 2. El Informe Colombo está compuesto por 261 páginas y se elaboró en el año 2014 por el Grupo 5 de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, que entonces dirigía el comisario Marcelino Martín Blas.
En cuanto a su contenido, recoge "cómo habría actuado la llamada Policía Patriótica en los años 2013, 2014 y 2015", por lo que "vendría un poco a constatar cómo utilizaban información reservada para fines partidistas, para dar información sobre personajes públicos a medios de comunicación, lo que llamáis 'mercancía averiada', o incluso para utilizar entramados societarios y detectives privados para fines que están fuera del comportamiento regular o lógico de los cuerpos y fuerzas de seguridad que se deben valer por la neutralidad".
Es decir, este informe destapa una presunta red de policías, sobre todo de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Financiera (UDEF) -dirigida entonces por el comisario José Luis Olivera-, pero también de las Brigadas de Información del mismo CNP, que habría pasado información reservada de datos personales, de sumarios judiciales, investigaciones policiales o datos patrimoniales y monetarios para escribir, posteriormente, informes para competidores o para filtrarla a la prensa.
La sospecha que contiene este informe es que la UDEF recurría a detectives privados para llevar a cabo operaciones encubiertas. Además, se habría recurrido a empresas y sociedades, que alimentaban a estos policías y viceversa. En definitiva, según los investigadores de Asuntos Internos, el objetivo de esta red policial era dejar en otras manos investigaciones que sirvieran para involucrar a políticos en tramas de corrupción.
El documento nunca fue judicializado, sino que "el entonces Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, guardó en un cajón". Ahora, años después y a través del PSOE, sí que ha pasado a manos de la Fiscalía General del Estado.
Por otro lado, este informe, que forma parte de las denominadas por Díez como "informaciones de cloacas", es uno de los documentos que la Comisión de investigación de la Operación Catalunya en el Congreso reclamó al ministerio del Interior y a la Fiscalía Anticorrupción.
¿En qué se basa el Informe Colombo?
El Informe Colombo se basa, esencialmente, en dos elementos, tal y como recogía El Món. En primer lugar, en la documentación recogida en la entrada y registro de la sede del grupo Método 3 en Madrid y, por otro lado, en un sobre dirigido a un genérico "Jefe de Asuntos Internos", franqueado, sin remitente, en Sant Cugat del Vallès el 29 de abril de 2014. Ese sobre incluía distintos informes policiales y de Método 3 en los que los investigadores determinaron que había información de "carácter personal como DNI o direcciones, teniendo en cuenta que las personas consultadas, ni los funcionarios referenciados, ni su unidad tenían ninguna investigación en curso en las bases policiales", pero sí habían sido investigadas por la empresa.
En concreto, diez informes son los que hicieron saltar las alarmas. Estos incluían atestados sobre la investigación de la trama Gürtel, sobre el que fuera el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, o sobre Gerardo Díaz, entonces vicepresidente de la CEOE.
Los agentes de Asuntos Internos que elaboraron el informe estaban comandados por el inspector Rubén Eladio, que más tarde se querellaría contra el núcleo duro de la Policía Patriótica. Él mismo fue el que firmó el primer informe sobre una posible brigada policial que, presuntamente, perseguía independentistas. En el atestado 67/2016 de 20 de mayo del 2016, que se entregó al juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, en el marco de la Operación Nicolás, se alertaba sobre la existencia de un operativo policial destinado a perjudicar líderes políticos catalanes, con seguimientos, escuchas y búsqueda de información absolutamente prospectiva.
