La cruzada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la violencia de género es más que evidente. Uno de los lugares donde encuentra su máxima expresión este modus operandi del equipo de la presidenta son los Centros de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF), que en la práctica amparan el discurso de las denuncia falsas a través de las firmas que la financian y del coordinador parental, una figura que en la región estaba fomentando informes que provocaron que muchas madres perdieran a sus hijos después de situaciones delicadas.
Fuentes conocedoras de la situación apuntan a este periódico que el escenario estaba perjudicando incluso a mujeres del Partido Popular, que remaron en la misma dirección por la desaparición de este título en la Comunidad de Madrid.
Así las cosas, nombres que se postulaban en contra consiguieron que desapareciera la mencionada figura del control de parentalidad, lo cual es un paso importante, pero se queda en una victoria a medias si se tiene en cuenta que las entidades detrás de estos lugares pro-síndrome de parentalidad siguen siendo las mismas.
Una fundación que ampara las denuncias falsas
Esta red, compuesta actualmente por cinco centros, queda financiada por asociaciones como AEBIA, administrada por José María Pascual Adalid, a su vez presidente y fundador de la Fundación Filia y que encuentra entre sus filas a Lucía del Prado, clara defensora igualmente de las medidas y cuya experiencia nada tiene que ver con el ámbito de la violencia de género o similares, sino que su trayectoria se consolida en la publicidad.
Ella es quien atiende a las víctimas directamente. "Esa ley (la de violencia de género) tiene una serie de fallos que deberían de regularse, porque están dando pie a esas denuncias y ese abuso por parte de algunas mujeres", llegó a pronunciar en sede parlamentaria.
De esta manera se lo recordaba al Ejecutivo regional ya en 2022 Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales del PSOE madrileño (PSOE-M), que agradecía incluso la buena voluntad presentada por la formación ‘popular’ de eliminar esta figura, si bien pedía subsanar los daños causados a las mujeres que ya habían sido víctimas de sus actuaciones.
Para más inri, en aquella ocasión quedó nuevamente al descubierto la censura de la Mesa desde que Ayuso está en Sol, ya que la diputada tuvo que preguntar por los CAEF y no pudo hacerlo por el coordinador de parentalidad. Lo grave es que, tal y como ha podido comprobar este medio -es además de carácter público- los pliegos de estos centros vuelven a estar en manos, entre otros de AEBIA. La duración de estos contratos es para dos años y su valor superior a los 6 millones de euros; siendo el lote 3, el del Centro de Apoyo y Encuentro Familiar Corredor del Henares el que ha recaído sobre esta compañía.
Las expertas, en contra
La línea de actuación de la Comunidad de Madrid en contra de la violencia de género, en la práctica pocas veces ayuda a las víctimas. Este es un ejemplo claro y prueba de ello es que asociaciones de mujeres juristas, psicólogas y un largo etcétera, de la mano del propio Ministerio de Igualdad se han pronunciado abiertamente en detrimento del coordinador parental. Así lo refleja el resumen del informe, al que ha tenido acceso este periódico.
Es interesante traer a colación que en la región se imparten cursos de coordinadores parentales y que los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) los docentes disponen de libros en defensa del síndrome de alienación parental, mientras otras privadas imparten también esta materia a profesionales de la psicología, el derecho o el trabajo social.
Más vetos por parte de la Comunidad de Madrid
La administración Sol, concretamente la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, ha denegado a la oposición recibir copias de los informes de seguimiento y valoración relativos al Servicio de Coordinación Parental o conocer el número de familias que han sido atendidas anualmente en el servicio de coordinación parental, entre otros puntos del polémico servicio.
Este es solo un ejemplo más del veto que el equipo de Ayuso impone día sí y día también dentro y fuera de la Asamblea. Si en la Cámara Regional la presidenta prohíbe hasta 30 veces más iniciativas que en otras autonomías como Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia o Extremadura, fuera de la misma impide la visita a lugares como el hospital Isabel Zendal, colegios que no pasan la Inspección Técnica de Edificios (ITC) o, según ha podido saber este medio en los últimos días, su centro de mujeres reclusas y antiguas reclusas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
