Ángel Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo que ha procesado sin aportar pruebas al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es un viejo conocido de los casos de corrupción política. Miembro de la Sala II del Tribunal Supremo, la que el Partido Popular (PP) aseguró “controlar desde detrás”, es conocido por haber intentado desvincular al PP de la trama Gürtel y evitar que Mariano Rajoy declarase como testigo.
Ahora, ha iniciado una guerra contra la máxima cabeza del Ministerio Fiscal y ha disparado en todas las direcciones, desde la Fiscalía al Gobierno, pasando por los medios de comunicación, en un auto plagado de conjeturas y suposiciones, aunque ninguna prueba, que además sigue sospechosamente los tiempos y la línea de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Las claves de su último auto son tres: falsos testimonios, omisión de pruebas y asunción del discurso de una de las partes.
Falsos testimonio
Si existe una variable que se ha mantenido estable desde que Hurtado comenzó a investigar al fiscal general por la supuesta filtración del correo, publicado íntegramente en exclusiva por ElPlural, que desmentía el bulo montado por Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de Gabinete de Ayuso, y difundido por El Mundo es el diferente trato dado a los testimonios. Básicamente, todos los recabados que exculpan al García Ortiz son despreciados en su auto; mientras que aquellos pronunciados por el bloque ayusista son elevados al tratamiento de prueba.
En la página 18 de su auto acusa directamente de falso testimonio a Miguel Ángel Campos (Cadena Ser), uno de los periodistas llamados como testigos por la difusión del correo que desmontaba el bulo de El Mundo y MAR, que apuntaba a que la Fiscalía había ofreció un pacto al novio de la presidenta de Madrid, cuando realmente fue este quien reconoció “ciertamente” dos delitos para buscar un acuerdo. El periodista no está obligado a revelar sus fuentes, pero no puede mentir siendo testigo, igual que cualquier otro ciudadano.
Campos ha declarado que no recibió la información del Fiscal General, pero Hurtado ha decidido “no dar credibilidad al testimonio del periodista, posiblemente condicionado, de alguna manera, por su deber deontológico de proteger fuente de información”. El magistrado acusa al periodista de un delito, dado que el derecho a no revelar sus fuentes no justificaría el haber pronunciado falso testimonio, pero no lo ha procesado. Como respuesta, Campos le ha retado a imputarle si considera realmente que esto se ha producido. "Si el juez Hurtado considera que hemos faltado a la verdad en esta causa tiene la obligación, como juez, de denunciar esto como delito”, ha trasladado en La Sexta.
Tampoco le valen a Hurtado los testimonios de varios periodistas de El País (José Manuel Romero, Berta Ferrero, Fernando Peinado y Luis Ramón Manuel Gómez), que aseguraron conocer el contenido del correo del abogado de González Amador, Carlos Neira, a través de otras fuentes distintas a la Fiscalía y en momentos previos a la elaboración de la nota de prensa por parte del fiscal general. Estos periodistas depositaron pruebas notariales que confirmarían que tenían conocimiento del correo antes incluso de que el Fiscal reclamase la información a sus subalternos, pero Hurtado decidió obviarlas.
Además, para completar el ataque al bando que no le gusta ni a él ni al PP, el juez Hurtado acusa al fiscal general de mentir en su declaración y da prácticamente por hecho que difundió el correo en cuestión “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno” y “con la finalidad de ganar el relato” a Ayuso, su novio y el resto de entorno implicado. El juez no aporta ninguna prueba para sustentar la acusación contra el Ejecutivo ni para certificar la tesis que Hurtado parece empeñado en qué se cumpla.
Omisión de pruebas y evidencias
Hurtado ha decidido dar importancia a todos y cada uno de los pasos que ha dado el fiscal general durante el último año; sin embargo, ha considerado superfluo que el caso que investiga parte de la filtración a sabiendas de un bulo por parte del jefe de Gabinete de Ayuso a el periódico El Mundo, que lo publicó inmediatamente y sin contrastar. Es decir, el juez ha obviado la acción armada por la derecha política y mediática y sin la cual no existiría caso. Algo que, presumiblemente (como diría Hurtado), era conocido en alguna de las instancias desde las que se construyó el bulo.
Hurtado también ha decido omitir que los testimonios del grupo perseguidor del fiscal general no coinciden. El novio de Ayuso aseguró a Hurtado que él no conocía el correo enviado por su abogado, pese a ser su representante, en el que se reconocen los delitos fiscales, pero su abogado, Carlos Neira, testificó que tenía el encargo de su cliente, González Amador, de acabar a la mayor brevedad posible con el caso para no afectar en demasía a su pareja, Ayuso. El letrado le ofrece un acuerdo de conformidad como vía más rápida y González Amador lo acepta, aunque luego señala que no se lo leyó.
“Estudiado el asunto y de común acuerdo con Alberto González”, recoge el correo mandado por el abogado y en el que muestra “voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal”. También choca con el mensaje de Neira que el novio de Ayuso rebotó a Miguel Ángel Rodríguez: “Buenos días, Alberto, he recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que al final solo haya un condenado y multa mínima”.
Con este enfrentamiento de testimonios y comprando a González Amador la ignorancia de no conocer lo que es un acuerdo de conformidad penal, que ‘un condenado y multa mínima’ se referían a su persona y la desidia de no leérselo antes de enviarlo, ambas contrarias a lo que escribe y defiende el propio abogado, Hurtado realiza la pirueta para considerar que estos testimonios sí son compatibles y señalan ambos al fiscal. Sin embargo, los de los periodistas con pruebas notariales no los considera.
Asunción del discurso del novio de Ayuso
Para procesar al fiscal general con estos parámetros, a Hurtado solo le quedaba una salida: comprar íntegramente el discurso de González Amador. Es más, ha seguido incluso los tiempos que le ha pedido la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El defraudador confeso reclamó el 5 de junio al juez que acelerase y procesase a García Ortiz y la fiscal jefa del Ministerio Público en Madrid, Pilar Rodríguez, por revelación de secretos. Cuatro días después, el juez hizo lo propio y pasó de las diligencias previas al procedimiento abreviado.
Entrando en lo recogido en el auto, donde los indicios y pruebas abundan por su ausencia, pero la palabra ‘presumible’ aparece hasta en 12 ocasiones en sus diferentes formas, la asunción del discurso de González Amador es casi total. Señala a Presidencia como el escalón más alto del que parte la presunta filtración, sin aportar prueba que lo justifique y acusa a García Ortiz de haber “borrado toda la información” y, sin tener acceso a ella, considera que de por sí sería incriminatorio.
“Podría haber permitido acceder a una información, presumiblemente relevante”, recoge Hurtado, culpando al fiscal de dejar “frustrada una parte de la investigación que podría haberse acordado y ser útil”. Sobre el novio de Ayuso, Hurtado compra el argumentario de que ha podido sufrir un “evidente daño reputacional”, aunque obvia que el daño en su reputación llega por la comisión de un delito que ha reconocido. Sin embargo, Hurtado cree que “no se puede ignorar” que en algunos medios se le ha considerado un “defraudador o delincuente confeso”, después de que su abogado confesase dos delitos con su connivencia y la de MAR.
