Tras el plantón de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a las lenguas cooficiales en la Conferencia de Presidentes, el debate político de los últimos días ha versado en torno a la defensa de estas y a replantearse y reivindicar su uso en determinados espacios de la esfera política. 

Prueba de ello ha sido el momento que se ha vivido en la sesión de control al Gobierno en el Senado. La Cámara Alta ha sido testigo del rechazo del Partido Popular a la iniciativa que presentaban de forma conjunta ERC, EH Bildu, PNV, Junts, BNG y otros senadores de Izquierda Confederal con la que solicitaban extender el uso de las lenguas cooficiales en todos los debates del Senado, como ya se acordó para llevarlo a cabo en el Congreso de los Diputados. Lo hacían “con el objetivo de garantizar la utilización plena y normalizada del catalán, el occitano (aranés en la Vall d’Aran), el euskera y el galego”.

La petición de los socios del Gobierno se ha formulado de manera paralela a la reforma del Reglamento que presentaba el PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, motivo por el cual la iniciativa ha quedado descartada en el momento en el que se ha admitido la propuesta de los populares. Ha sido en ese momento cuando los senadores de las formaciones que instaban al uso de la cooficialidad de lenguas en el Senado se han levantado de sus butacas y han abandonado el hemiciclo, coincidiendo además con la intervención del senador y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. 

En este sentido, desde el Grupo Socialista han denunciado a través de redes el discurso sostenido por Serrano y han definido el rechazo a la propuesta como una “manera de faltar al respeto a la pluralidad de nuestro país”. Asimismo, han calificado de “chulería, desprecio y autoritarismo” las palabras del senador del PP.

 


Por su parte, durante su intervención, el senador del PP ha señalado de ridículo el uso del traductor para entender a otro senador cuando interviene en una lengua cooficial y ha acusado al Gobierno central de ejercer una democracia “vacía de poder”. “Este debate no va de proteger o atacar a las lenguas regionales. Este debate va de si queremos hacer el ridículo usando traductor en una reunión cuando todos compartimos una lengua común. Esto no va de si se respetan las diferentes identidades o sentimientos de nuestro país, que lo hacemos. Esto va de si queremos aceptar sentirnos extranjeros y diferentes cuando compartimos la misma casa. No somos socialistas, ni dependemos de ustedes para seguir aquí, no dependemos de ustedes. Nuestra reforma es una defensa a la democracia, frente a quienes la vacían de contenido en el poder. Nosotros siempre querremos una Cataluña dentro de España y ustedes lo que quieren es una Cataluña fuera, y eso con el PP no va a pasar. Frente al intento de colonizarlo todo, va a haber un PP que defenderá a las instituciones y defenderá al Estado frente al intento del Partido Socialista de colonizarlo y los intentos de los independentistas de maltratarlo”, ha sentenciado Serrano.

Junts extiende la propuesta al Supremo y la Audiencia Nacional

Lo que este miércoles ha sido tumbado por la mayoría absoluta del PP en el Senado, ya fue solicitado este lunes por Junts. Sin embargo, la formación neoconvergente iba un paso más allá solicitando el uso de las lenguas cooficiales en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional. En concreto, se trata de una enmienda registrada al proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa en la que se añade un artículo nuevo para garantizar que "todas las personas, físicas y jurídicas tienen el derecho a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas en los órganos judiciales que tengan jurisdicción en todo el Estado".

En su justificación, Junts alega que la Audiencia Nacional es un órgano especializado por razón de la materia, que opera como extensión del juez natural del lugar de ejecución del hecho, y en consecuencia entienden que, "para dotar de eficacia plena al derecho de defensa personal", ha de facilitarse el uso de las lenguas cooficiales en el territorio. A juicio de los neoconvergentes, hay que "atender a la incidencia que la condición de hablante de una lengua cooficial tiene en el desenvolvimiento del juicio penal, en el desarrollo de la prueba, en especial en el interrogatorio del acusado y en el derecho a la última palabra".

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