Vox ha iniciado en los últimos días una ofensiva contra el aumento de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha que permitiría el nuevo Estatuto de Autonomía aprobado la semana pasada en las Cortes regionales. La formación ha tachado la medida de “despilfarro político” y de “inflar la administración”, pese a que, incluso con el nuevo máximo previsto de 55 escaños, Castilla-La Mancha seguiría teniendo uno de los parlamentos más reducidos de todo el país, tanto en cifras absolutas como en relación con su población.
Actualmente, el parlamento autonómico cuenta con 33 diputados para una población de 2,1 millones de habitantes, lo que supone el peor ratio de representación de toda España: 63.636 habitantes por diputado. Solo Andalucía presenta una cifra similar, con 79.082 habitantes por escaño, pero su parlamento tiene 109 diputados y representa a más de 8,6 millones de personas.
Con el nuevo Estatuto, aprobado el 29 de mayo, la horquilla permitiría aumentar el número de diputados hasta un máximo de 55, aunque ese cambio no se aplicaría hasta las elecciones autonómicas de 2031. Con esa cifra, Castilla-La Mancha pasaría a tener una ratio de 38.181 habitantes por diputado, aún por encima de comunidades con estructuras similares o incluso inferiores en población.
El contraste con otras comunidades es contundente. Castilla y León, con una población apenas superior, tiene 81 escaños, 48 más que Castilla-La Mancha en la actualidad y 33 más de los que tendría incluso con el máximo de la nueva horquilla.
Euskadi, con población similar, cuenta con 75 diputados; Canarias, con 2,2 millones de habitantes, tiene 70.
Incluso regiones como Extremadura o La Rioja, con bastantes menos habitantes que Castilla-La Mancha, tienen 65 y 33 diputados respectivamente, igualando o superando ya la cifra actual del parlamento castellano-manchego.
La estructura provincial de Castilla-La Mancha, compuesta por cinco provincias, y su gran dispersión geográfica hacen más relevante esta infrarepresentación. En comparación, otras comunidades con menor complejidad territorial disponen de más representantes para garantizar la voz de su ciudadanía.
Vox no se opone en los parlamentos que preside
Además, Vox ocupa actualmente la presidencia de los parlamentos autonómicos en la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Baleares y Aragón, regiones donde no ha cuestionado en ningún momento el número de escaños ni ha impulsado medidas para reducirlos, a pesar de que algunas de ellas tienen ratios de representación muy inferiores a la de Castilla-La Mancha.
Por ejemplo, Baleares cuenta con 59 diputados para 1,2 millones de habitantes, lo que supone un diputado por cada 20.508 habitantes, frente al doble en Castilla-La Mancha incluso tras el posible aumento.
La aprobación del nuevo Estatuto abre la puerta a una representación más equilibrada y ajustada al peso demográfico de la región, pero el discurso de Vox omite ese contexto, obviando que Castilla-La Mancha seguirá estando entre las comunidades peor representadas de España incluso aplicando el máximo previsto.
Ofensiva contra el Estatuto de Castilla-La Mancha
Tras la aprobación de la reforma del Estatuto en las Cortes de Castilla-La Mancha, El presidente del Grupo Parlamentario de Vox, David Moreno, ha anunciado una ofensiva institucional contra esta renovación.
Para ello, Vox llevará mociones de rechazo a todos los ayuntamientos y diputaciones donde tiene representación para pedir a PSOE y PP que “rectifiquen” antes de que el texto llegue al Congreso de los Diputados para su luz verde definitiva. Una ofensiva que ya ha provocado choques entre el PP y Vox en algunos consistorios donde gobiernan conjuntamente, como es el caso de Talavera de la Reina.
Pese a su oposición frontal al incremento de escaños, Vox no ha presentado medidas concretas para racionalizar el sistema de representación en Castilla-La Mancha ni ha planteado reformas similares en otras comunidades donde preside los parlamentos.
La formación rechaza abiertamente el modelo autonómico vigente en España, pero no ha explicitado cómo pretende revertirlo en la práctica, más allá de sus declaraciones contra lo que considera un exceso de gasto político. Tampoco ha renunciado a los sueldos, portavocías o cargos institucionales que ostenta en esos mismos parlamentos autonómicos cuya existencia cuestiona.
